La cooperación española en peligro
El V Plan Director de la Cooperación Española llegó el día 20 de febrero de 2018 a la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados. Con el documento que se presentó, el gobierno iba a recuperar la política de cooperación. Todo lo contrario, la condenará a seguir en su agonía, por carecer de ambición política, capacidades y recursos para enfrentarse a los desafíos globales de la Agenda 2030. Los grupos políticos en el Congreso de los Diputados deben exigir un Plan Director que dignifique la cooperación y permita avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
No es el documento que demandan los actores sociales y políticos. Con este documento el gobierno se podrá hacer una foto en Nueva York en el Examen Voluntario del Foro Político de Alto Nivel pero suspenderá en septiembre por la falta de ambición de una de sus políticas fundamentales en la implementación de la Agenda 2030 – la que le permitirá desarrollar la dimensión internacional –.
Esta se perpetúa como una política corta de miras, sin ambición, sin capacidades y sin dotación de recursos. España continuará así a la cola de la comunidad de donantes y no podrá afrontar los retos de la Agenda 2030, un plan de acción internacional a largo plazo.
Por ello, es imprescindible que esta propuesta sea modificada antes de ser aprobada en el Consejo de Ministros.
A continuación detallamos los elementos más críticos del último borrador presentado por la Administración:
- Sin visión de largo plazo
Se centra solo en la presente legislatura, a pesar de que se enmarca en la Agenda 2030.
No se plantea ningún proceso de diálogo ni las herramientas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las acciones estratégicas en los siguientes planes directores.
Y todo ello, a pesar de que sí aparece recogida, de forma tímida, su vocación de servir como instrumento para diseñar y poner en marcha la dimensión internacional de la futura estrategia de Desarrollo Sostenible. No se explicita, sin embargo, el cómo.
- Un marco estratégico aún inconsistente
Existen mejoras con respecto al primer borrador, pero todavía persisten incoherencias. Formalmente el plan se basa en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en la construcción de resiliencia y el apoyo a bienes públicos globales, pero esto no se refleja plenamente en la selección de objetivos, metas, líneas de acción, estrategias e instrumentos o países socios.
- Sin medios ni recursos
En nuestra valoración del primer borrador afirmábamos que la mención a un vago y futuro incremento de recursos mostraba una falta de claridad y compromiso. Nada ha cambiado. En esta segunda propuesta la Administración tampoco ha incluido una memoria económica.
- Relativo apoyo a la sociedad civil
Ha mejorado su papel como copartícipe de políticas públicas y agente de cambio, sobre todo, en la lucha contra la desigualdad en los países de renta media, pero no se concretan ni las metas ni los instrumentos.
- Un plan alérgico al enfoque de derechos humanos y a que mejore la eficacia de la ayuda
Hay algunos cambios en la mirada acerca de las migraciones. Se incorpora en algunos apartados el enfoque de derechos humanos y de seguridad de las personas, pero no en todo el texto. La obsesión europea por el control migratorio y de las fronteras sigue muy presente.
El papel del sector privado es creciente. Se han incorporado leves matices relacionados con la incorporación de las pymes, la economía social y el comercio justo, pero el eje central es la internacionalización de la gran empresa. Llama la atención el escaso interés en asegurar que el sector privado actúe conforme a los derechos humanos y estándares de sostenibilidad, fiscalidad justa y transparencia.
- Dudas en torno a la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible
La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es fundamental para el avance de la Agenda 2030. Esta se ha reforzado en esta segunda versión, pero no se establecen el mecanismo y las estrategias para garantizar su puesta en práctica. Por ejemplo, evaluaciones de impacto en áreas clave e instrumentos de resolución de conflictos entre diferentes políticas españolas cuando haya contradicciones entre ellas en torno al respeto de los derechos humanos o el desarrollo sostenible en terceros países (venta de armas, paraísos fiscales, degradación medioambiental).
Tampoco se señala que dicho mecanismo ha de estar al más alto nivel.
Fuente: Coordinadora de ONG de España.
