Pobreza cero, excusas cero

Este año 2021 ha venido marcado por los esfuerzos de recuperación de la crisis en la que nos encontramos a causa de la pandemia. Se han realizado esfuerzos económicos, sociales y sanitarios para volver a la “normalidad” y tratar de recuperarnos como sociedad. Y se ha constatado la necesidad de contar con un estado del bienestar sólido y comprometido con las personas, y con políticas coherentes dentro y fuera de nuestras fronteras para hacer frente a la crisis social y sanitaria que hemos estado viviendo.

Por eso, en este proceso de recuperación en el que estamos inmersas, no hemos de olvidarnos de que aquellos países, territorios y personas con menos recursos son los que se han visto afectados en mayor medida por esta crisis, lo que evidencia que lamentablemente el respeto por la vida se mide en función de la capacidad económica. Y frente a eso hemos de actuar como país, porque esta crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa las diferencias sociales, y la necesidad de trabajar desde un punto de vista GLOBAL e INCLUSIVO poniendo los derechos humanos cómo prioridad.

Y es que, a escala mundial, hemos visto como se ha incrementado la pobreza extrema, la desigualdad, el hambre, el número de personas desplazadas y las que buscan refugio, así como el trabajo infantil. Todo ello en un mundo en el que 11 personas mueren de hambre cada minuto a causa de la desigualdad, la COVID-19 y el cambio climático.

En términos de vacunación contra la COVID-19 la desigualdad es incluso más pronunciada. Mientras que a finales de agosto los países más ricos tenían a dos tercios de su población vacunados; en África, por ejemplo, la vacunación había llegado sólo al 6% de la población. Cuestión que ha sido denunciada repetidas veces por la Organización Mundial de la Salud.

Todo ello en un contexto en el que la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales priva a los países empobrecidos de al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales, dinero suficiente para escolarizar a 124 millones de niños y niñas, y evitar la muerte de cerca de ocho millones de personas cada año.

Además, en nuestro país, la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social se sitúa en el 26,4% de la población y afecta a 12.495.000 personas, frente al 25,3% del año anterior. Es decir, 620.000 nuevas personas están en riesgo de pobreza o exclusión social. Y en la Comunitat Valenciana los datos son especialmente preocupantes con un 29,3% de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión, y un 13,4% en situación de pobreza severa.

Por todo ello; y ante esta situación de crisis compleja que vivimos, nos dirigimos a los gobiernos locales, autonómico, estatal y a la UE, para que avancen en políticas concretas y para ello DEMANDAMOS:

•El cumplimiento por parte de España y la Unión Europea de los compromisos establecidos en la Agenda 2030 y los ODS, así como en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Carta Social Europea Revisada en 1996.

•Un modelo político, social y económico que garantice los Derechos Humanos de todas las personas, que modifique las causas estructurales de la pobreza y desigualdad. Un modelo con una fiscalidad global redistributiva que elimine los paraísos fiscales, establezca una tributación mínima global para las empresas de, al menos, el 25%, y haga un reparto más equitativo con los países empobrecidos.

•El respeto de los convenios sobre derechos laborales de la OIT, los convenios internacionales sobre derechos humanos y medioambientales, especialmente en los países empobrecidos en los que la impunidad es creciente, y dar un impulso definitivo para la aprobación del Tratado Vinculante para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos, que se negocia en la ONU desde hace siete años.

•Políticas económicas y medioambientales urgentes que lleven a articular un nuevo modelo de producción y consumo sostenible, a la transición hacia una economía ecológica, con trabajo digno y justicia social, y a la reducción a cero de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040 en toda la UE porque no hay Planeta B.

•Que se garantice el derecho a la salud universal y en esa línea demandamos la liberalización de las patentes de los tratamientos y vacunas contra la COVID-19.

•Que se active la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza para afrontar la elevada tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión en España y la C.Valenciana. Y que se mejoren medidas como el Ingreso Mínimo Vital, para situarlo por encima del umbral de pobreza, mejorando su cobertura, y tramitación con complementariedad con la Renta Valenciana de Inclusión.

•Que se garantice que los fondos de reconstrucción Next Generation lleguen a quienes más lo necesitan. Exigimos a la Unión Europea y a los gobiernos máxima transparencia en la gestión de los 750.000 millones en subvenciones y créditos, y que los fondos se distribuyan de forma equitativa.

•En nuestra Comunidad demandamos la mejora de la gestión de las políticas públicas sociales y de cooperación internacional, y que se incrementen los fondos destinados a ellas. Es el momento de que el Gobierno de coalición, haga valer el compromiso de alcanzar al final de legislatura el 0,4% de recursos destinados a cooperación

•Que se garanticen los derechos humanos de toda la población, incluyendo inversiones y políticas para garantizar la libre circulación de personas, y el derecho de asilo y refugio, lo que incluye el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros, el fin de las deportaciones en caliente, la resolución con garantías de las solicitudes de asilo y la marcha atrás en las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea que ponen en manos de estados fallidos el
rescate de miles de personas.

•Pedimos políticas que hagan frente a los discursos de odio, el machismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia y la LGTBIfobia, y todo tipo de violencia y discriminaciones que se han incrementado en los últimos años de manera peligrosa.

•Que el Gobierno cumpla sus compromisos y revierta las medidas contempladas en las reformas laborales y de las pensiones que dificultan el trabajo y salario decentes y las pensiones dignas.

•Que las Administraciones Públicas favorezcan e impulsen la participación ciudadana y la democracia participativa, así como el desarrollo de alternativas económicas y sociales, el consumo responsable, el comercio justo; y el impulso de empresas de la economía social y solidaria, incluidas las finanzas éticas.

POR UNA VIDA DIGNA Y CON SALUD PARA TODAS Y POR UN MEDIO AMBIENTE PROTEGIDO. POR LA JUSTICIA Y POR LA IGUALDAD PARA RECONSTRUIR EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SOLIDARIDAD.

¡MOVILÍZATE! ¡EXCUSAS CERO! ¡POBRESA ZERO!